Entre el 22 de septiembre y 22 de octubre de 2025, Ecuador vivió uno de los paros más prolongados de su historia reciente. El 12 de septiembre, cuando el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 126 con el que eliminó el subsidio al diésel. Con ese decreto, el precio del combustible subió de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.

Lo que inició con la inconformidad de los gremios de transportistas derivó en un levantamiento encabezado por la Conaie. Durante 31 días, comunidades indígenas, campesinas y sectores urbanos se movilizaron. Imbabura, especialmente Otavalo, se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos más duros, mientras en Quito y otras ciudades se registraban protestas, cierres y detenciones.

Los equipos de PRIMICIAS se desplegaron en diferentes puntos del país, con una cobertura desde un día antes del inicio de las paralizaciones, hasta el día del fin de los cierres.

La paralización convocada por la Conaie no llegó a tener alcance nacional, los principales focos de protesta se concentraron, de forma ininterrumpida, en Imbabura (Otavalo y Cotacachi) y el norte de Pichincha (Cayambe y Pedro Moncayo).

El impacto económico

Varios gobiernos, entre ellos los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, habían intentado eliminar el subsidio al diésel, vigente desde los años 70, por considerar que beneficiaba a quienes no lo necesitaban y fomentaba el contrabando.

Entre 2010 y 2023, Ecuador destinó USD 53.922 millones para subsidiar combustibles, un monto equivalente a la deuda externa del país. De esos recursos, la mayor cifra o un 43% fue al subsidio al diésel, entre USD 1.100 y 2.000 millones al año.

Pero el retiro del beneficio, por decisión del presidente Daniel Noboa, fue visto por los movimientos indígenas como un 'paquetazo', lo que llevó a un bloqueo de vías que duró 31 días, siendo Imbabura el principal foco de las protestas. Esas protestas causaron pérdidas por, al menos, USD 100 millones solo en esa provincia, equivalentes al presupuesto del bono Raíces para 100.000 agricultores.

Aunque el retiro del subsidio generará un ahorro de USD 424 millones en 2025, esos recursos ya se destinaron a compensaciones y al pago de deudas con sectores prioritarios.

La reacción política

El presidente Daniel Noboa marcó la cancha desde el inicio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel y dejó claro que no iba a dialogar. "Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir", afirmó el Mandatario.

El Gobierno tomó una serie de decisiones que, aunque fueron cuestionadas por organismos de derechos humanos, locales e internacionales, lograron mantener desarticulado el paro convocado por la Conaie:

• El 13 de septiembre, el presidente Daniel Noboa decidió trasladar su despacho a la Gobernación de Cotopaxi. Es decir, mudar la sede presidencial.
• Ante el anuncio del movimiento indígena de tomarse Latacunga, el oficialismo convocó a sus simpatizantes a esa ciudad para una contramarcha.
• Dos declaratorias de estado de excepción, que le permitieron militarizar ciudades y carreteras. Solo en Quito, el Gobierno movilizó 7.000 militares y 1.000 policías, que incluso llegaron a bloquear el acceso a la capital.
• Organizaciones sociales denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias. El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que se trataba de cuentas de organismos que, según él, recibían recursos de una economía vinculada al crimen.
• Las fuerzas del orden se dedicaron a dispersar inmediatamente cualquier marcha o manifestación pública, convocadas en los centros urbanos.

Por el otro lado, un elemento clave fue la debilidad interna del movimiento indígena, que en el pasado protagonizó fuertes levantamientos. La Conaie vive un problema estructural y organizativo marcado por una disputa de liderazgo.

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